La justicia de Venezuela ordenó la liberación de 379 presos políticos durante la noche del pasado viernes, apenas un día después de la aprobación de una histórica Ley de Amnistía.
La normativa es uno de los primeros actos de impacto del gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la caída del anterior mandatario. Rodríguez defendió la iniciativa como un "acto de grandeza" y un paso necesario hacia la reconciliación nacional, afirmando que es fundamental para construir una Venezuela "más democrática, más justa y más libre".
El texto legal, aprobado por unanimidad en un Parlamento dominado por el oficialismo, busca cubrir delitos políticos cometidos entre 1999 y 2025. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respaldó públicamente la medida, calificándola como una señal de "madurez y fortaleza política" indispensable para lograr la estabilidad definitiva de la nación en este periodo de cambio.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal advierten que el proceso no es automático y que todavía permanecen tras las rejas cerca de 650 detenidos por motivos políticos. La principal crítica radica en que la ley excluye a quienes enfrentan cargos por "acciones armadas" o terrorismo, lo que deja fuera de los beneficios a numerosos militares y civiles.
Pese al alivio que supone para las familias que mantuvieron huelgas de hambre y manifestaciones, los expertos sostienen que la amnistía por sí sola no garantiza el desmonte del aparato represivo. Por ello, sectores civiles y familiares continúan reclamando reformas judiciales más profundas que aseguren la protección de las libertades fundamentales en el futuro cercano.
