La medida fue decretada por el gobernador Osvaldo Jaldo tras la difusión de un audio que vincularía al intendente peronista Luis Campos y a parte de su gabinete con presuntas actividades de narcotráfico y manejos irregulares en la obra pública. La intervención fue dispuesta este 9 de junio de 2025.
La decisión de intervenir surgió de la viralización de una conversación grabada por el empresario de la construcción Roque Giménez, contratista de la administración local. En el audio, se escucha a Giménez afirmar directamente: "Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Necesitás un Al Capone pa’ gobernar, no necesitás un Lassie". La respuesta ambigua de Campos, "Para la que viene, papi", desató una fuerte reacción social y política.
La intervención, establecida por el decreto 4/10, abarca tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal por un plazo de 180 días. El interventor designado es Guillermo Norry, un dirigente sindical de confianza del ministro del Interior. Norry tendrá la misión de "normalizar la administración, ordenar las finanzas y garantizar la prestación de servicios" en Alberdi. La medida fue acompañada por allanamientos de Gendarmería y la Policía en domicilios y oficinas municipales.
La justificación de la intervención se basa en la "crisis de gravedad institucional" generada por estos hechos, sumada a denuncias previas relacionadas con el narcomenudeo en la zona. Luis Campos es un histórico dirigente del peronismo tucumano, vinculado al círculo del exgobernador José Alperovich. Dado que Campos no completó su mandato, la legislación tucumana exige la convocatoria a nuevas elecciones locales, que se prevé coincidan con las legislativas nacionales del 26 de octubre.
Este suceso pone de manifiesto la seria problemática de infiltración del narcotráfico en estructuras de poder local en Tucumán, y la necesidad de una profunda revisión del sistema institucional para evitar futuras recurrencias. Las autoridades buscan no solo sanear la administración de Juan Bautista Alberdi, sino también enviar una señal clara sobre la intolerancia ante la vinculación de funcionarios públicos con actividades ilícitas.
