El presidente Donald Trump revocó un decreto de hace casi 60 años, emitido originalmente por el presidente Lyndon Johnson, que prohibía a los contratistas del gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración. Esta orden ejecutiva, conocida como EO 11246, obligaba a las empresas que tenían contratos con el gobierno a presentar informes anuales sobre sus prácticas de empleo y permitía investigaciones para detectar casos de discriminación. La derogación del decreto ha generado preocupación sobre un posible aumento en la discriminación laboral.
En lugar de la prohibición, se estableció un nuevo requisito donde los empleadores deben certificar que no tienen programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que se consideren “ilegales”. Las agencias federales también deberán identificar hasta nueve objetivos de investigación sobre sus propias prácticas de DEI. A pesar de que el decreto derogado no permitía cuotas, la administración de Trump argumenta que la medida garantiza la contratación basada en el mérito.
El decreto derogado, que llevaba en vigor durante administraciones demócratas y republicanas, permitía descubrir casos de discriminación que incluso los empleados desconocían. La amenaza de investigaciones y los requisitos de las normas funcionaban como un motor para la diversidad en toda la economía. La nueva medida de Trump busca poner fin a los esfuerzos de muchos empleadores por tener una fuerza laboral más diversa.
Los críticos de la medida temen que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal para no preocuparse por las sanciones por discriminar. Algunos expertos opinan que, aunque la ley de Derechos Civiles de 1964 aún prohíbe la discriminación, será más difícil confirmar casos de discriminación sin el decreto 11246. La falta de obligación para las empresas de facilitar información sobre sus prácticas de empleo hará que haya menos controles y será más difícil para los empleados saber si están siendo discriminados.
Incluso aquellos empleadores que valoran la diversidad podrían abandonar sus programas de divulgación por temor a las nuevas políticas. La incertidumbre sobre la definición de un programa “ilegal” de DEI está generando dudas en las empresas sobre cómo cumplir con las nuevas regulaciones. Muchos temen que la derogación de este decreto tenga un efecto amedrentador y dificulte la igualdad de oportunidades en el empleo.