El siniestro ocurrió en plena hora pico y dejó un saldo trágico de 51 víctimas fatales y 789 heridos, convirtiéndose en el tercer accidente ferroviario más grave en la historia de Argentina.
Las investigaciones judiciales revelaron que la tragedia no fue solo un error técnico, sino el resultado de una administración fraudulenta. El tribunal probó que los directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) incumplieron con el mantenimiento básico para desviar fondos estatales, contando con la complicidad de funcionarios públicos que omitieron los controles necesarios sobre la seguridad del servicio.
El proceso legal se dividió en dos grandes juicios: Once I y Once II. En el primero, 21 personas fueron condenadas, incluyendo al maquinista Marcos Córdoba, empresarios de TBA y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En el segundo juicio, el exministro Julio De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
La respuesta a la emergencia fue masiva pero enfrentó grandes dificultades por la sólida estructura de los coches aplastados. Un caso que simbolizó el dolor de las familias fue el de Lucas Menghini Rey, un joven de 20 años que fue hallado sin vida dentro de una cabina clausurada recién dos días después del impacto, lo que desencadenó incidentes y un fuerte reclamo social por la demora en el hallazgo.
A lo largo de los años, cada 22 de febrero se conmemora el «22F», una jornada donde familiares y sobrevivientes se reúnen bajo el lema «JUSTICIA» para homenajear a los fallecidos. La tragedia marcó un punto de inflexión en la política ferroviaria nacional, exponiendo las consecuencias letales de la falta de inversión y el deterioro de un sistema que trasladaba a miles de trabajadores diariamente.
