La inminente caducidad de 50.000 contratos en la administración pública nacional genera un clima de incertidumbre entre los trabajadores del sector. Con fecha límite el 31 de diciembre y sin definiciones claras, la situación recuerda las recientes desvinculaciones en organismos clave, como el Ministerio de Justicia, que dejó cesantes a 2400 empleados, encendiendo la alarma gremial.

El plan oficial de reducir 75.000 puestos estatales ya habría avanzado significativamente, según el gremio ATE, con aproximadamente 30.000 bajas concretadas. Ante este escenario, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, exigió la renovación automática de los contratos y advirtió sobre posibles medidas de fuerza en enero, incluyendo paros sectoriales.

Los ajustes ya impactan en áreas sensibles. En Trenes Argentinos se registraron 1388 bajas, mientras que en la exAFIP fueron 802. Además, la implementación de solicitudes de idoneidad ha evaluado a millas de empleados, aunque el Gobierno asegura que estas pruebas no definirán la renovación de contratos.

Desde el ámbito sindical, se exige diálogo y garantías laborales para frenar el ajuste que amenaza no solo la estabilidad de los trabajadores, sino también el funcionamiento de diversos organismos estatales. La incertidumbre sigue creciendo mientras se acerca la fecha límite.