La legisladora lo acusa formalmente de intentar entorpecer la investigación que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py. Según la presentación judicial, esta maniobra constituye un entorpecimiento grave y actual, potenciado por el alto rango jerárquico del funcionario.
El eje central de la denuncia radica en un presunto contacto de Adorni con el contratista Matías Tabar, testigo clave del caso, poco antes de que este prestara su declaración. Pagano afirma que el jefe de Gabinete le ofreció "ayuda" de su equipo a través de WhatsApp y le habría sugerido borrar los mensajes intercambiados previamente. No obstante, el arquitecto rechazó dichos ofrecimientos tras asesorarse legalmente y entregó su teléfono celular para ser peritado por la justicia.
Durante su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tabar confirmó que recibió 245.000 dólares en efectivo por las refacciones realizadas en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá. Las obras incluyeron detalles de lujo como una pileta, una cascada y un jacuzzi, elementos que ahora están bajo la lupa de la justicia por inconsistencias patrimoniales. La causa analiza gastos y deudas del funcionario que superarían los 800.000 dólares, cifra que no tendría un correlato claro con sus ingresos.
Para fundamentar el pedido de aprehensión, la diputada invocó la denominada "doctrina Irurzun", que habilita la prisión preventiva si la posición de poder del imputado pone en riesgo la recolección de pruebas. Pagano subrayó que, al ocupar el tercer cargo más importante del país, existe un peligro inminente de interferencia en el normal funcionamiento judicial. Además del arresto, se solicitaron medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la retención del pasaporte de Adorni.
La situación judicial del funcionario entra en una etapa crítica mientras se aguarda el resultado del peritaje técnico sobre los mensajes borrados en el celular del testigo. La investigación ya detectó presuntas omisiones en las declaraciones juradas del imputado, las cuales habrían sido rectificadas recién cuando el expediente judicial ya estaba en marcha. En paralelo, Pagano respaldó el pedido de una moción de censura e interpelación contra el jefe de Gabinete ante las graves irregularidades reportadas.
