Ante esta postura de los acusados, los jueces Juan Manuel Iglesia, Enrique Bosch y Osvaldo Facciano dieron por cerrada la etapa probatoria, marcando el fin de la recepción de pruebas y testimonios para dar paso a la fase de alegatos.
Durante la jornada se destacó el testimonio de Juan Carlos Kesqui, un comisionista que negó rotundamente conocer a la familia López o haber tenido vínculos comerciales con ellos. Kesqui denunció ante el tribunal el uso indebido de su CUIL y clave fiscal para maniobras irregulares, como la emisión de facturas y cobro de cheques sin su consentimiento, señalando por estos hechos al contador Antonio Cleva.
Por su parte, el propio contador Hugo Antonio Cleva, testigo de la defensa, confirmó que trabajó para el grupo familiar desde 2014 y reveló que el patrimonio declarado de los López rondaba los 220 millones de pesos en 2024. Cleva admitió haber detectado inconsistencias en los valores de los bienes, que incluían inmuebles en Resistencia y campos en el interior, por lo que recomendó realizar rectificaciones para evitar problemas con la AFIP.
La audiencia enfrentó diversas dificultades técnicas y demoras debido a testigos que no lograron conectarse o que finalmente no fueron admitidos, incluyendo la baja de un declarante desde Brasil. A pesar de estos contratiempos, el tribunal logró consolidar el cierre de la instrucción y preparó el terreno para que las partes presenten sus conclusiones finales sobre el caso.
El cronograma judicial establece que los alegatos del Ministerio Público Fiscal comenzarán el jueves 23 de abril y se extenderán hasta el 6 de mayo. Finalmente, el 7 de mayo se otorgará el derecho a las "últimas palabras" a los imputados, tras lo cual el tribunal estará en condiciones de dictar la sentencia definitiva.
