El Congreso argentino se prepara para una sesión clave el próximo miércoles 2 de julio, donde la oposición, incluyendo diputados radicales disidentes y miembros de la UCR oficial, redoblará sus esfuerzos por temas cruciales. El foco principal estará en asegurar el financiamiento de las universidades públicas y abordar la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. La estrategia busca forzar a las comisiones, controladas por el oficialismo, a debatir proyectos que hasta ahora han permanecido paralizados.
En cuanto a las universidades, se intentará impulsar un proyecto que establece un ajuste salarial para docentes y no docentes, vinculado a la inflación, y propone un incremento progresivo del presupuesto universitario. Este último buscaría alcanzar al menos el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2031, comenzando con el 1% en 2026. Este reclamo se da tras el veto presidencial de un aumento presupuestario el año pasado, lo que ha mantenido la tensión en el sector educativo.
Otro punto sensible en la agenda es la "crisis del Hospital Garrahan", una problemática de gran repercusión mediática. Los proyectos presentados buscan declarar la emergencia en pediatría y asegurar la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios. Esto incluye fondos para insumos críticos, medicamentos, mantenimiento de infraestructura y personal esencial para la atención pediátrica en todo el país. También se propone la recomposición salarial del personal y la exención del pago de Ganancias para actividades críticas.
La oposición enfrenta un desafío significativo, ya que los proyectos no tienen dictamen y las comisiones clave, como Presupuesto y Salud Pública, Niñez y Juventudes, están bajo el control de los libertarios y sus aliados. Por ello, se buscará la votación de "emplazamientos" que obliguen a estas comisiones a tratar los temas. Un intento similar, con el tema del Garrahan, ya fracasó en una sesión anterior cuando legisladores oficialistas se retiraron, dejando la sesión sin quórum.
Además del financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, la convocatoria del 2 de julio también incluye la reforma del régimen legal de los DNU, un punto que el Gobierno se resiste. Esta reforma busca establecer plazos para el tratamiento de los decretos y permitir su caída definitiva con el rechazo de una sola cámara. La sesión se perfila como un momento crucial para observar la dinámica parlamentaria y la capacidad de la oposición para avanzar en su agenda frente al oficialismo.
