El Gobierno Nacional oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el decreto 959/24, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. La normativa, que busca evitar privilegios laborales por lazos familiares en el sector público, establece que los puestos de trabajo de empleados estatales fallecidos no podrán ser ocupados por sus familiares o cónyuges.
La disposición argumenta que la igualdad de oportunidades es fundamental, prohibiendo "privilegios, ventajas o beneficios sustentados en vínculos hereditarios" en cualquier modalidad de contratación dentro del Sector Público Nacional. En sus considerandos, el decreto subraya que "no resulta admisible que se mantengan prioridades para acceder a un cargo público ni se otorguen privilegios que contravengan el principio de igualdad".
El ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, habían adelantado en conferencia de prensa la implementación de esta medida. Según informaron, la decisión se enmarca en una estrategia más amplia de "racionalización del tamaño del Estado", que ya ha reducido la planta de personal en un 15% y establecido la jubilación inmediata de los empleados en edad de retiro.
