La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la Asamblea General Ordinaria que estaba programada para el próximo 17 de octubre por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se había dictaminado que Claudio Chiqui Tapia sea reelegido para un segundo mandato en el cargo que ocupa desde 2017.

Además, se votaría la suspensión de los descensos y la posibilidad de que vuelvan a ser 30 equipos los de Primera División. Ante este panorama, el futuro de la AFA y del fútbol argentino es una incógnita.

Qué puede hacer Tapia

El presidente de la AFA puede decidir continuar y realizar la asamblea de todos modos. Pero tanto ese caso, él como los asambleístas que participen del proceso pueden llegar a tener cargos penales por desobediencia.

El artículo 239 del Código Penal sentencia: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". La desobediencia pondría en un terreno peligroso al Chiqui Tapia, ya que además, los directivos podrían ser acusados bajo el artículo 301, que sanciona a quienes avalen actos contrarios a la ley.

La AFA podrá apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, pero la Asamblea no podría realizarse hasta que el litigio no se resuelva.

Desde el club Talleres de Córdoba habían señalado que "no hay motivo para adelantar un año las elecciones cuando todos los directivos tienen mandato vigente; la convocatoria se hizo en forma abrupta y sin aviso a los clubes con suficiente anticipación; ello impidió a los asociados intentar armar listas de candidatos con tiempo suficiente, y realizar campaña electoral".

El club que conduce el ahora suspendido Andrés Fassi buscaba evitar la asamblea, dada la rivalidad que prevalece entre el presidente cordobés y Claudio Tapia. Todo en torno a la defensa de las SAD por parte de Fassi, y la posición contraria por parte de Tapia.