El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, encabezado por Karina Alonso Candis, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la ex presidenta Cristina Kirchner. El objetivo de la solicitud era que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que se le había otorgado como causahabiente del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.
Esta asignación había sido previamente suspendida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano. Además de mantener la suspensión, ANSES le reclamará a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) que reintegre los montos cobrados con anterioridad, una suma que se ubicaría en torno a los 1.000 millones de pesos.
La decisión de suspender los beneficios se tomó luego de que la ex presidenta fuera condenada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal Federal, por ser considerada "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad. Dicha condena fue luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la cual Cristina Kirchner cumple actualmente condena domiciliaria en su departamento de Constitución.
En el marco de esta disputa judicial, la ex mandataria había reclamado la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto la pensión de Kirchner como la que le correspondía por su propio mandato presidencial. Kirchner argumentaba que la demora en la resolución definitiva del proceso afectaría sus derechos a la seguridad social y su subsistencia.
Por su parte, ANSES sostuvo que el beneficio previsto en la Ley 24.018 es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que se otorga como contraprestación al "honor y buen desempeño en el cargo". Además, el organismo advirtió que otorgar la cautelar afectaría el interés público al ordenar el pago de un beneficio de "significativa consideración económica", vulnerando las políticas de transparencia cruciales en "la lucha eficiente contra la corrupción" y afectando los recursos del Estado.
