La Fiscalía Penal N° 3, bajo la conducción del fiscal Marcelo Soto, readecuó la acusación en la causa conocida como la "falsa médica" y agravó la situación procesal de los tres imputados por la muerte del paciente Lorenzo Blanco. La nueva formulación judicial mantuvo los cargos contra Lidia Mabel Ojeda y sumó la responsabilidad penal de los exdirectores del Hospital de Quitilipi, Carina Villalba y Daniel Acuña, bajo un concurso real de delitos que habilita la acumulación de penas frente a una eventual condena.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la salud de Blanco se agravó letalmente mientras era atendido por Ojeda, quien ejercía guardias médicas sin poseer título profesional ni matrícula habilitante. Por este motivo, la fiscalía encuadró la conducta de Ojeda bajo la figura de usurpación de título y práctica ilegal de la medicina en concurso ideal, añadiendo la imputación de homicidio con dolo eventual en concurso real, al considerar que su actuación ilegal tuvo una relación de causalidad directa con el desenlace fatal.
Por su parte, la recategorización modificó drásticamente la figura de los exdirectivos hospitalarios. Villalba —directora entre septiembre de 2024 y abril de 2026— y Acuña —director entre agosto de 2025 y abril de 2026— fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal determinó que ambos omisieron verificar la documentación de Ojeda para autorizar sus guardias, señalándolos además como partícipes necesarios de la práctica ilegal de la medicina y del homicidio con dolo eventual.
Este giro en la investigación judicial expande la responsabilidad penal hacia la cúpula de conducción del centro sanitario por la omisión de los controles institucionales básicos. Con la incorporación del dolo eventual y la calificación en concurso real, la causa sienta un precedente clave en materia de negligencia administrativa y ejercicio ilegal de las profesiones de la salud en la provincia.
