La Justicia de Santa Fe emitió una orden inédita que frena el cobro de cuotas de un crédito fraudulento, protegiendo a una jubilada que fue víctima de una sofisticada estafa. La decisión judicial impone a una billetera virtual la suspensión por 90 días de los cobros relacionados con un préstamo solicitado a nombre de la mujer, con el fin de evitar que sufra mayores perjuicios. Este fallo resalta la vulnerabilidad de los adultos mayores ante nuevas modalidades de fraude digital.
La estafa se inició cuando un hombre, identificándose como trabajador de una empresa de telefonía e internet, llamó a la jubilada para ofrecerle un "descuento especial para jubilados", solicitándole que ingresara a un enlace. En cuestión de minutos, se transfirieron $865 mil que la mujer tenía en su cuenta bancaria y otros $5.115.661 que estaban en su billetera virtual. Además, la compañía informó a la damnificada por correo electrónico sobre un préstamo a su nombre de $2.730.000, financiado en 18 cuotas, que fue transferido de inmediato sin su consentimiento.
El fiscal Agustín Nigro señaló que se lleva adelante una investigación para rastrear el destino de los fondos, y se cree que varias personas que no son oriundas de Santa Fe estarían involucradas y tendrían vínculos entre sí. El funcionario judicial describió un esquema complejo, donde la compañía comunicó que el monto del préstamo ingresó a la cuenta de la víctima y fue transferido de inmediato sin su autorización.
El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, fue quien resolvió la suspensión del cobro por tres meses, destacando la necesidad de evitar mayores perjuicios a la víctima. Aunque el fiscal Nigro solicitó que la empresa proveedora de servicios reintegrara la totalidad del dinero sustraído, el magistrado se opuso a esta parte específica de la petición.
Este caso subraya la importancia de la acción judicial rápida para mitigar el daño a las víctimas de estafas digitales, especialmente aquellas que aprovechan la confianza de personas mayores. La resolución de la jueza Preska sienta un precedente significativo en la protección de los consumidores frente a los fraudes que involucran billeteras virtuales y créditos ilícitos.
