Las entidades advierten que esta medida debilita los controles democráticos al permitir la “aprehensión” de personas sin que medie una orden judicial ni existan criterios claros sobre las garantías de los ciudadanos. Para estos organismos, el decreto abre la puerta a detenciones arbitrarias y a un control estatal sin precedentes.
La postura, respaldada por entidades como el CELS, Amnistía Internacional Argentina y Poder Ciudadano, califica la normativa como una amenaza constitucional. En su documento conjunto, los referentes de estas organizaciones expresaron: “Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas”. La principal preocupación radica en que, por primera vez en democracia, la SIDE recupera facultades de detención que consideran impropias de su función.
Otro de los puntos más alarmantes es la obligación de más de 15 organismos públicos de compartir datos personales con la central de inteligencia sin mecanismos de control. Según las fuentes, esta acumulación de información transforma a la agencia en una herramienta de vigilancia masiva. Las organizaciones denunciaron que esto representa: “Transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control”, dejando a la población vulnerable ante posibles filtraciones o persecuciones.
Asimismo, el decreto establece que las actividades de inteligencia sean “encubiertas por definición”, lo que impide a cualquier ciudadano saber si está siendo investigado. Al respecto, el documento de las entidades puntualiza que “el secreto es la regla”, lo que frustra cualquier posibilidad de reclamo ante abusos estatales o errores en la información recolectada. Este carácter secreto se extiende incluso a los presupuestos de la agencia, que ahora pueden ser aprobados sin control ciudadano.
Finalmente, el reclamo subraya un “retroceso histórico peligroso” al permitir que militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales. Las entidades recordaron que Argentina trabajó décadas para separar la defensa nacional de la seguridad interna, una lección aprendida tras la última dictadura. Mientras el Ejecutivo defiende la norma, la oposición busca los números necesarios en el Congreso para anular este decreto que, según las organizaciones, le quita el control civil a las Fuerzas Armadas.
