Pensiones truchas: “Destapamos una olla que defraudó al Estado por casi $1.000 millones”

Solo en Taco Pozo, entre 2020 y 2024, el perjuicio económico al Estado fue de 892 millones de pesos.
15 de abril 2025, 10:10hs

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, confirmó el procesamiento del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, su hija y otros funcionarios, en el marco de una causa por el otorgamiento fraudulento de pensiones por invalidez. “La jueza consideró que la hipótesis de la fiscalía tiene verosimilitud”, señaló en diálogo con Radio Facundo Quiroga, y aseguró que se trata del primer caso del país donde se procesa a funcionarios públicos por este tipo de delito.

La investigación comenzó a inicios de 2023 tras una denuncia. Según explicó el fiscal, se logró probar que se utilizó “estructura estatal, provincial y federal para defraudar al Estado en cifras obscenas”. Solo en Taco Pozo, entre 2020 y 2024, el perjuicio económico al Estado fue de 892 millones de pesos. “Cuando empecé esta causa nos decían que perseguíamos políticos, pero se destapó una olla”, subrayó Amad.

El fraude se concretaba a través de certificados médicos falsos, facilitados por personal del hospital local, médicos y bioquímicos, además de empleados de ANSES. Personas vulnerables acudían a la municipalidad por ayuda y terminaban recibiendo una pensión por discapacidad sin cumplir los requisitos médicos. “Había una maquinaria criminal, y en todo el iter criminis aparecen funcionarios como actores principales”, detalló el fiscal.

Amad aclaró que muchas de las personas que cobraban estas pensiones fueron excluidas de la causa por encontrarse en situación de vulnerabilidad. “No sabían que estaban cometiendo un delito. Hay gente que vive en el campo y pensó que el beneficio era legítimo”, indicó. Sin embargo, sí se avanzó contra quienes utilizaron su cargo público para facilitar el fraude.

Sobre las consecuencias, el fiscal fue enfático: “No puede haber probation ni reparación del daño, deben ir a juicio oral”. En caso de ser condenados, las penas podrían llegar hasta los 20 años de prisión. Respecto a la devolución del dinero y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos, explicó que ambas cuestiones dependen de la sentencia definitiva y de la tipificación penal de los delitos cometidos.

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