El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), suspendió o dio de baja más de 80 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, en el marco de una auditoría que ya alcanza al 60% de los beneficiarios. La medida, según el Ejecutivo, representa un ahorro mensual de más de $23 mil millones.
La revisión comenzó en febrero, con el envío de cartas documento a los titulares del beneficio, y apunta a verificar si los perceptores cumplen con los requisitos médicos y legales para continuar cobrando. Según la ANDIS, muchos no respondieron a las citaciones, presentaron documentación falsa o directamente habían fallecido.
De las 80.080 pensiones canceladas, 65.230 fueron suspendidas por irregularidades en la documentación o por inasistencia injustificada a las revisiones médicas. Además, 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio y otras 6.643 bajas se realizaron porque los titulares habían muerto, pero un familiar seguía cobrando la prestación.
Según explicó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y ex abogado del presidente Javier Milei, se estima que las bajas totales podrían superar las 250 mil pensiones. El funcionario denunció que durante los gobiernos kirchneristas se entregaron miles de pensiones sin el respaldo de una evaluación médica, y vinculó esas prácticas a una estrategia política.
Entre los casos más llamativos detectados hay diagnósticos falsos, beneficiarios que viven en el extranjero, prófugos de la justicia, personas privadas de su libertad y hasta un mismo estudio médico usado en 150 trámites distintos. En uno de los casos, incluso se descubrió que una mujer se disfrazó para suplantar a su esposo en una evaluación médica.
El nuevo Decreto 842/2024, publicado en abril, endureció los controles y condiciones de acceso al sistema: impone una nueva reinscripción con declaración jurada, evaluación médica actualizada y cruzamiento de datos con otros organismos como AFIP, ANSES, Justicia y PAMI. A su vez, se amplió la potestad de la ANDIS para suspender de forma cautelar cualquier pensión ante sospechas de fraude.
La auditoría no incluye a menores de edad ni a personas ya evaluadas este año. Las revisiones están a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS.
“El objetivo no es quitar derechos, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan”, aseguró Spagnuolo, quien remarcó que el proceso busca "recuperar la transparencia" de un sistema que, según dijo, fue usado durante años con fines políticos.
