En un duro mensaje, Bullrich le exigió: "No sea cómplice del kirchnerismo destructor", pidiéndole el fin de un debate en la Cámara alta. La titular de la cartera de seguridad instó a la vicepresidenta a "levantarse" y a no "denigrar la institución que preside", ni a "convalidar a la corporación política más abyecta de la historia".
El conflicto se desató durante una sesión impulsada por bloques opositores al Gobierno, que busca tratar varios proyectos que van en contra de la política económica oficialista. Entre las iniciativas clave que se debaten se encuentran los aumentos en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. El oficialismo defiende que el impacto en el presupuesto de estas iniciativas es nulo, buscando fuentes de recursos para el aumento de las jubilaciones.
Desde el Gobierno, se calificó la sesión como un "golpe institucional". La polémica central gira en torno a la legitimidad del debate: mientras el oficialismo sostiene que una sesión "autoconvocada" requiere un quórum especial de dos tercios de los senadores, la oposición, liderada por José Mayans, argumenta que basta con la mitad más uno de los presentes para iniciar una sesión ordinaria. Al inicio del debate, Villarruel no presidía el recinto, estando en su lugar la senadora kirchnerista Silvia Sapag.
La reacción del Gobierno fue contundente. Previo a la sesión, Bullrich había advertido en sus redes sociales sobre un "golpe institucional" planeado por el kirchnerismo para "agujerear los éxitos económicos del gobierno". En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que la "irregularidad es clara" y que se trata de una "especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para tratar todas leyes que afectan el equilibrio fiscal", calificándolo también como "una especie de golpe institucional".
Ante la inminente aprobación de estas normas, el bloque de La Libertad Avanza ya adelantó que impugnará cualquier ley que sea sancionada y eventualmente recurrirá a la Justicia. El Gobierno estima que los proyectos que se discuten en el Congreso podrían tener un costo fiscal de 1,25% del PBI hasta fin de año. Esta situación no solo evidencia un profundo desencuentro político, sino que también subraya la preocupación del Ejecutivo por el impacto de estas medidas en la estabilidad económica del país.
