Los conflictos por visitas y tenencia de menores generan reclamos de familias en distintas localidades del Chaco. Aníbal Monzón, integrante de Infancias Compartidas, explicó en Radio Facundo Quiroga la situación que enfrentan padres cuyos hijos están judicializados y los obstáculos que impiden el cumplimiento de visitas ordenadas por la Justicia.
Monzón señaló que el reclamo principal es que las causas avancen sin demoras y que los derechos de los niños sean respetados: “Nos encontramos de nuevo en el Poder Judicial del Chaco reclamando por celeridad de las causas, buscando nuevas fuerzas y aportes de los funcionarios que puedan volcar la vista hacia la niñez, que están dejando a un costado”. Sobre su situación personal, detalló que desde julio de 2024 no puede ver a sus hijos pese a contar con una orden judicial: “Tengo una obstrucción por parte de la madre y su abogado. Él es el que no me permite ver los chicos”.
El referente explicó que la obstrucción judicial constituye un delito: “Una orden judicial se está infringiendo y no hay motivos para sancionar a la madre dice la jueza. Yo no tengo motivos para la obstrucción. El impedimento de contacto es un delito”. Además, subrayó que su lucha no se limita a sus hijos: “No defendemos a padres ni a madres violentas, sino que defendemos los derechos de los niños. Que no se le corte el vínculo, que tengan noción de dónde salieron”.
Monzón aclaró que las medidas sin fundamento interpuestas por abogados prolongan la situación: “Viene interponiendo medidas sin motivos, pidiendo apelaciones que no tienen fundamento, pero alarga la situación de impedimento de contacto”. También recordó cómo el régimen de visitas está definido por la jueza y no se cumple: “La jueza me otorgó la visita de mis hijos los fines de semana por medio, y en la semana van con la madre, pero eso no se cumple”.
El dirigente enfatizó la necesidad de herramientas legales que agilicen las causas y protejan a los niños: “Lo que más nos toca pelear es por la obstrucción del vínculo. Pedimos a los funcionarios de la provincia que nos den su apoyo para la ley 3000/22, del Registro Provincial de Obstructores, para darles una herramienta más al juzgado para que defienda los derechos de los niños”. Finalmente, reflexionó sobre la gravedad de las denuncias falsas: “Manejé mi causa con la denuncia primero, porque la violencia era inversa, y cuando la denuncia de ella llegó al juzgado, ya tenía todo presentado. No hubo pruebas tampoco, y debería avanzarse contra la falsa denuncia, pero lamentablemente no se cumple”.
