La Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en una encrucijada clave: sus dirigentes debatirán este lunes si aceptan la invitación del Gobierno para sumarse al Consejo de Mayo, la instancia de negociación multisectorial que el martes próximo sesionará por primera vez en la Casa Rosada. Aunque no hubo una invitación formal a la central obrera, el Ejecutivo incluyó al sindicalista Gerardo Martínez (UOCRA) en esta mesa de diálogo, generando un debate interno crucial sobre la participación en la "modernización laboral" propuesta.
Gerardo Martínez, considerado el principal exponente del sindicalismo dialoguista dentro de la CGT, manifestó que necesita el aval de una parte importante de la central para aceptar, ya que "nadie del Gobierno habló conmigo" directamente. Para Martínez, esta oportunidad representa un "desafío" para impulsar una agenda de "desarrollo, producción y trabajo" a través de un "diálogo sustentable", buscando que las propuestas se consensuen y no se impongan, como temen que suceda con los libertarios.
Sin embargo, la decisión es compleja y genera fuerte resistencia interna. Dirigentes como Héctor Daer o Armando Cavalieri adoptaron posturas opositoras, y la mesa chica cegetista prevé que será "difícil" aprobar el diálogo mientras persistan "el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga". El gran temor de la CGT es que, sin su participación, el Gobierno avance sin contrapesos con proyectos como la "Democracia Sindical" que limita el poder gremial.
El dilema de la CGT es mayúsculo: si no participa, el Gobierno avanzará sin su opinión sobre la reforma laboral; si lo hace, deberá hacer concesiones y arriesgarse a ser vista como tolerante ante sus bases, lo que impactaría en la interna sindical de cara a las elecciones de autoridades en octubre. No obstante, la cercanía de Martínez con el nuevo titular de la UIA, Martín Rappallini, y su defensa conjunta del diálogo tripartito, podría permitir a la CGT evitar imposiciones como la descentralización de la negociación colectiva o la eliminación de la ultraactividad.
Esta coyuntura se da en un contexto complejo, donde el flamante "Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos" debutará el miércoles con una marcha contra la desregulación. La CGT debe sopesar el riesgo político-electoral de sentarse a negociar con un gobierno al que muchos de sus líderes se oponen públicamente, enfrentándose a la disyuntiva de siempre: negociar o atrincherarse para pelear.
