El Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen penal tributario, con el ambicioso objetivo de facilitar la regularización de capitales no declarados, estimular el consumo y aliviar la presión judicial sobre los contribuyentes. El anuncio, realizado en Casa Rosada por Juan Pazo, titular de la AFIP, y el diputado José Luis Espert, marca un giro en la política fiscal argentina.
La propuesta eleva drásticamente los montos mínimos para considerar una evasión como delito: a partir de $100 millones para la evasión simple (antes $1,5 millones) y desde $1.000 millones para casos agravados (antes $15 millones), montos que estaban desactualizados por la inflación. Pazo enfatizó el lema del nuevo sistema: “El sistema es claro: te adherís, pagás y te olvidás”, asegurando que quienes se sumen no serán perseguidos en el futuro por su historial patrimonial.
El proyecto también plantea reducir de 5 a 3 años el plazo de prescripción de causas tributarias, aunque esta medida se aplicará solo a quienes se adhieran al nuevo esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias. Además, se introduce una declaración jurada simplificada para personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonios que no superen los $1.000 millones y $10.000 millones respectivamente.
Esta iniciativa se enmarca dentro del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Como parte de este plan, también se llevó a cabo una reciente flexibilización de los controles antilavado por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), que alivió las exigencias para justificar fondos en operaciones como la compra de vehículos o inmuebles.
Hasta el momento, 14 provincias ya se adhirieron a este nuevo régimen, y se espera que otras dos lo hagan próximamente, lo que indica un avance en su implementación a nivel nacional. Juan Pazo concluyó que se trata de una "oportunidad única para que los argentinos blanqueen sus ahorros sin temor a futuras sanciones".
