El Gobierno nacional implementó nuevas normativas para limitar la presencia de propaganda política en bienes públicos y proteger la neutralidad en el ámbito educativo. Los decretos 1084/2024 y 1086/2024, publicados en el Boletín Oficial, establecen medidas que buscan fortalecer la institucionalidad y garantizar la imparcialidad en espacios estatales.

El primero de estos decretos prohíbe cualquier elemento que funcione como propaganda política en oficinas, monumentos y bienes estatales, incluyendo nombres de personalidades políticas en edificios públicos, a menos que hayan pasado diez años desde su fallecimiento. Además, se elimina la posibilidad de homenajes a personas vinculadas con actos de fuerza contra el orden democrático.

En paralelo, el segundo decreto introduce reformas a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estas modificaciones consideran que imponer ideologías partidarias en las escuelas vulnera derechos fundamentales como la libertad de conciencia y la integridad de los estudiantes.

“Queremos garantizar que las escuelas sean espacios de pluralismo y formación libre de influencias partidarias”, expresó el Poder Ejecutivo al justificar las medidas. En este marco, el decreto considera cualquier intento de adoctrinamiento como una violación al derecho a la educación.