El juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, fue suspendido de forma provisoria. La decisión se tomó a la espera de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro dictamine si las nulidades del debate técnico anterior abarcan también este proceso. Esta situación añade nuevas demoras para llegar al conocimiento de la verdad y determinar las posibles responsabilidades en la causa por el fallecimiento del astro argentino a los 60 años.
La suspensión fue solicitada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y contó con la adhesión de los abogados querellantes Mario Baudry y Fernando Burlando. Sin embargo, Martín Miguel De Vargas, uno de los defensores de la enfermera, denunció que las otras partes están realizando "maniobras dilatorias" para evitar el debate contra Madrid. El letrado sostuvo que actúan con "temeridad y malicia" para perjudicar a su defendida, quien lleva cinco años sin poder salir del país y sin trabajo.
Las complicaciones surgen tras la declaración de nulidad del primer debate debido a la realización de una producción sin autorización, protagonizada por la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada preventivamente de su cargo. A pesar de que la jueza María Coelho había rechazado el pedido de nulidad de los particulares damnificados y fiscales, la defensa planea solicitar una investigación a la Procuración General bonaerense. Además, uno de los jueces designados para el nuevo juicio, Alejandro Horacio Lago, fue excusado por problemas de salud, lo que obligará a un nuevo sorteo.
Además de Madrid, otros profesionales se encuentran sindicados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona. Entre ellos se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de internación domiciliaria Nancy Edith Forlini. En caso de ser considerados culpables, los investigados podrían enfrentar penas de entre ocho y 25 años de cárcel.
En definitiva, la suspensión transitoria del debate por jurados populares prolonga la incertidumbre en un caso que ya sufrió múltiples dilaciones. La decisión del TOC N°7 de San Isidro será crucial para definir el futuro del juicio, mientras que los familiares y la opinión pública continúan esperando que se determinen las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona.
