El actual gobierno terminó con la política migratoria de la gestión de Mauricio Macri por medio de la cual se aplicaron controles más estrictos para evitar el acceso de delincuentes extranjeros y se facilitaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. Cómo influyó el rol de las organizaciones internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.
En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que alteró la Ley de Migraciones. Respaldándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento de ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el aumento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquél año.
A raíz de esto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.
Fue este viernes cuando el Gobierno hizo efectiva la derogación del Decreto 70/2017. Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.
El Gobierno argumentó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”. Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la “invalidez constitucional” de la mencionada norma por presentar “caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico”. En aquella ocasión el gobierno de Macri recurrió a la Corte Suprema para que se expida al respecto.
De esta manera, el Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del macrismo, restituyéndose la vigencia de las normas modificadas en 2017. Además se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.
Esta decisión que oficializó el Poder Ejecutivo ya era estudiada desde el año pasado. Encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos le acercaron a principios de 2020 un documento al Gobierno con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración y le solicitaron su derogación “para preservar los derechos de las personas migrantes”.
Al comienzo de su mandato Alberto Fernández indicó que dicha norma “lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.
