La acusación apunta a una supuesta violación de documentos públicos, señalando que las muestras biológicas extraídas durante la autopsia habrían sido manipuladas intencionalmente antes de su análisis judicial.
Según la presentación, las muestras de ADN recolectadas llegaron al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) en condiciones totalmente irregulares: los sobres estaban "abiertos, violentados y rotos". Además, se denunció que la conservadora utilizada para el traslado de las pruebas presentaba la faja de seguridad dañada, lo que para el denunciante representa una maniobra destinada a perjudicar la investigación y el esclarecimiento del hecho.
El escrito judicial hace referencia a la existencia de un sumario administrativo que ya se tramita en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco bajo el rótulo de "Información Sumaria" por hechos suscitados en el traslado del secuestro. El denunciante, con el patrocinio del abogado César Andrés López, solicitó que se investigue a todo el personal del área forense que intervino en la cadena de custodia del expediente.
Ante lo que califica como un "silencio" institucional, Ameida pidió formalmente que la Fiscalía inicie una investigación penal y cite al profesional denunciado a prestar declaración. La denuncia busca determinar si existió una contaminación o inutilización deliberada de las evidencias, solicitando además que se incorporen copias de las actuaciones administrativas previas para avanzar en la causa.
