El Gobierno argentino tomó una medida que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores de tecnología: la reducción drástica de los aranceles de importación de celulares. Esta decisión oficial busca abaratar los precios de los dispositivos móviles en el país y ya está generando ajustes en el mercado local. La medida, anunciada por decreto, trae expectativas tanto para quienes desean comprar un nuevo smartphone como para los comerciantes que deben adaptar sus valores.
Anteriormente, los aranceles de importación se situaban en un 16%. El plan del Gobierno es eliminarlos progresivamente, llegando al 0% en enero de 2026. La primera etapa de esta reducción ya se implementó, bajando la tasa al 8% tras la publicación oficial de la normativa. Este cambio busca mejorar la accesibilidad a los productos electrónicos en Argentina.
Algunas cadenas locales ya reflejan estos cambios en sus precios. Por ejemplo, la cadena Maxim Store redujo el precio del iPhone 14 de 128GB de 1.499.999 pesos a 1.269.999 pesos, una baja del 15,3%. Modelos más recientes como el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro también experimentaron reducciones significativas, superando el 15% en algunos casos. El iPhone 16e 128GB Black bajó un 15,8% y el iPhone 16 Pro 128GB un 16,4%.
Un proveedor del mercado incluso adelantó estimaciones futuras. Para el iPhone 16 Pro Max (256GB), que actualmente cuesta 2.630.000 pesos, se estima que podría llegar a costar 1.727.823 pesos al contado en enero de 2026, implicando una reducción total cercana al 19%. Esta baja no solo se debe a la eliminación de aranceles, sino también a un recorte de los impuestos internos, que pasarán del 19,5% al 9,5%. La meta es acercar los precios en Argentina a los de mercados internacionales, donde la diferencia actual es notoria.
Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. Recibió críticas desde el sector manufacturero local, especialmente de las autoridades y empresarios de Tierra del Fuego, donde se fabrica una parte de estos dispositivos. Las preocupaciones giran en torno al posible impacto negativo en la industria y los puestos de trabajo en la isla. A pesar de esto, el Gobierno busca un efecto positivo en la desinflación y que la mayor competencia y menor carga impositiva generen precios más transparentes y accesibles para los consumidores argentinos.
