El Ministerio de Defensa de Argentina ordenó la baja del Ejército de tres militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La decisión, formalizada a través de la resolución 72/2025, se produce después de que las condenas de estos militares quedaran firmes en distintos tribunales federales del país. Esta medida se toma en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos.
Entre los militares expulsados se encuentran los coroneles Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol, quienes fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por su participación en la Masacre de Margarita Belén. Este trágico evento resultó en el fusilamiento de 15 detenidos políticos, con cuatro de ellos aún desaparecidos. La inhabilitación absoluta, solicitada por la Fiscalía y las querellas, fue determinante para la baja de estos militares.
La resolución se fundamenta en que el Estado argentino tiene la obligación autónoma de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos, conforme al Derecho Internacional. El artículo 20 de la Ley Nº 19.101 para el Personal Militar establece que la pérdida del estado militar y la baja de las Fuerzas Armadas se producen ante sentencias condenatorias con penas que lleven como accesoria la destitución.
Esta medida se suma a la expulsión del coronel Athos Gustavo Renes y del teniente coronel José Tadeo Bettolli, ordenada en 2023. Los procesos judiciales contra los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el período 1976-1983 continúan en curso desde 2005, asegurando que se haga justicia por los crímenes cometidos. La inhabilitación absoluta, como pena accesoria a la prisión perpetua, implica la privación del empleo o cargo público, justificando así la baja de estos militares.
