Los diputados dieron un paso significativo este miércoles, 23 de abril de 2025, al aprobar en sesión extraordinaria el proyecto de ley 1861/24. Esta nueva norma eleva considerablemente las multas para quienes realicen desmontes ilegales y, por primera vez, establece un régimen obligatorio para la restauración de los bosques nativos afectados. La sanción se dio con la ausencia de varios diputados.
La modificación de la Ley 2079-R es contundente: quienes desmanchen sin permiso o hagan silvopastoreo sin autorización podrán enfrentar multas de hasta diez veces el valor base por cada hectárea dañada. Las sanciones serán incluso más severas si la infracción ocurre en áreas de alto valor de conservación (categorías amarilla o roja) o si se detecta el uso de cadenas para remover la vegetación.
Una novedad clave es la obligación de restaurar. Los infractores deberán presentar y ejecutar un plan de restauración que debe ser aprobado por la Dirección de Bosques. Si no cumplen, será el propio Estado quien lleve adelante las tareas de restauración, y los costos serán cargados a los responsables de la infracción.
El proyecto, impulsado por el diputado Juan José Bergia con apoyo del Poder Ejecutivo y Rubén Guillón, busca responder a la creciente presión sobre el monte nativo. Los fundamentos citan un informe de Greenpeace que reveló que solo en los primeros cuatro meses de 2023 se desmontaron casi 20 mil hectáreas en Chaco, mayormente en zonas protegidas. Greenpeace también había denunciado públicamente la falta de resultados en la restauración de los bosques devastados, una situación que la nueva ley pretende corregir.
