El impulso legislativo que el oficialismo había logrado instalar durante el verano comenzó a perder fuerza en las últimas semanas y el Congreso atraviesa un período de marcada calma. Luego de una seguidilla de victorias parlamentarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei, en ambas cámaras no hay sesiones previstas hasta abril y todavía no ingresó ninguno de los proyectos anunciados por el Presidente.
Durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias, Milei anticipó el envío de “90 paquetes de reformas estructurales” con el objetivo de rediseñar la arquitectura institucional del país. Sin embargo, hasta el momento ninguna de esas iniciativas fue formalmente presentada en el Parlamento y ni siquiera los propios referentes de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado tienen precisiones sobre cuáles serán los primeros proyectos en tratarse.
Por ahora, el único tema que aparece en la agenda legislativa es la modificación de la Ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado pero recién podría debatirse en Diputados a mediados de abril. El oficialismo aceptó convocar a audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo para escuchar a organizaciones y especialistas antes de avanzar con el dictamen.
La demora también responde a la necesidad de cumplir con los mecanismos de participación previstos por el Acuerdo de Escazú, firmado por la Argentina en 2020. Desde el oficialismo admiten que buscan evitar posibles judicializaciones que frenen el avance de la norma y generar mayor previsibilidad para inversiones vinculadas a la explotación de recursos naturales.
Mientras tanto, dentro del Congreso se especula con que una de las primeras reformas que enviará la Casa Rosada será la política. El proyecto incluiría la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la posible implementación de circunscripciones uninominales, un sistema que reemplazaría el actual esquema de representación proporcional.
Sin embargo, varias de estas iniciativas ya generan reparos entre bloques dialoguistas como el PRO y la UCR, que en el pasado rechazaron cambios profundos en el sistema electoral. En paralelo, desde el oficialismo explican que parte de la demora responde a una reorganización interna del Gobierno, con movimientos en el gabinete que podrían impactar en la estrategia legislativa de las próximas semanas.
