El Congreso de la Nación convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, tras su aprobación definitiva en el Senado de la Nación con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, luego de haber superado previamente el debate en Diputados.
La sanción se dio en un clima de fuerte discusión política y protestas sindicales, mientras desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para reducir la informalidad y promover el empleo registrado, frente a cuestionamientos de organizaciones sociales y gremiales que alertaron sobre una posible pérdida de derechos laborales.
La ley, compuesta por 218 artículos, introduce cambios estructurales en el régimen de despidos, la jornada laboral, la negociación colectiva y el derecho a huelga, además de incorporar nuevas figuras contractuales, lo que vuelve a poner en tensión el histórico debate entre competitividad empresaria y protección del trabajador.
En materia de indemnizaciones por despido sin causa, se mantienen los pagos pero se modifican las bases de cálculo, excluyendo conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios, y se fija un tope de hasta tres veces el salario promedio del convenio colectivo, con la posibilidad de abonar en cuotas para pequeñas y medianas empresas y de crear fondos de cese laboral financiados por aportes patronales.
La norma también habilita el banco de horas y la extensión de la jornada diaria hasta 12 horas sin superar el máximo semanal, permite fraccionar las vacaciones y amplía el período de prueba en empresas pequeñas, al tiempo que impone mayores restricciones al derecho a huelga, prioriza los acuerdos por empresa sobre los sectoriales y crea la figura del trabajador independiente para plataformas digitales, junto con un esquema de blanqueo laboral sin multas.
