Desde el 10 de julio se encuentra en trámite una demanda colectiva presentada por usuarios chaqueños contra los aumentos desproporcionados en las tarifas eléctricas. La acción, impulsada por organizaciones de consumidores, apunta a frenar incrementos que, según estimaciones oficiales, superan el 490% desde enero de 2024 y afectan gravemente a familias, comerciantes, cooperativas y pymes.
La causa fue inicialmente radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, pero la Cámara Federal de Apelaciones declaró la incompetencia del tribunal y trasladó el expediente al Juzgado Federal de Sáenz Peña, en contradicción con el dictamen del Fiscal General que había avalado la competencia de Niremperger.
Este traslado generó un fuerte malestar entre los impulsores del amparo, quienes advierten que las demoras son inadmisibles en un proceso colectivo que requiere tratamiento urgente. "El peregrinaje judicial que hemos atravesado desnuda las falencias del sistema a la hora de garantizar derechos básicos de los consumidores", señaló el abogado José René Galassi, representante de la demanda.
Galassi agregó que los usuarios enfrentan una situación crítica: "Mientras se discute la competencia, miles de chaqueños tienen que elegir entre pagar la luz o comprar alimentos y medicamentos. Se está vulnerando el acceso a la energía y a la justicia, que son derechos humanos fundamentales". También cuestionó que, aunque los incrementos dependen de decisiones nacionales, los tarifazos se trasladan de manera brutal y sin control a los usuarios.
La demanda continúa su curso en Sáenz Peña, pero los abogados insisten en que se le dé celeridad al proceso porque las familias y comercios ya no pueden afrontar los aumentos. "No hay bolsillos que puedan hacer frente a los tarifazos", concluyó Galassi, advirtiendo sobre la urgencia de una resolución judicial pronta.
