El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 rechazó recientemente una medida cautelar impulsada por organizaciones ambientalistas. De esta manera, quedó despejado el camino para avanzar con la licitación de esta vía clave, que resulta esencial para las exportaciones argentinas.
La acción legal rechazada buscaba frenar la Audiencia Pública Ambiental que había sido convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La presentación fue impulsada por la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas. Estos grupos argumentaron que la audiencia no cumplía con los estándares de participación ciudadana requeridos por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, el tribunal concluyó que los demandantes no lograron demostrar una lesión concreta a los derechos alegados ni la existencia de irregularidades sustanciales en el procedimiento de convocatoria. El juzgado remarcó que la audiencia pública solo constituye una instancia previa, destinada a la presentación del Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal (VNT), y no implica la aprobación de obras o los términos definitivos de la licitación. La convocatoria, según la resolución, cumplió con los requisitos de difusión y transparencia del Decreto 1172/2003.
El sector agroexportador brindó su total respaldo a la decisión judicial. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que la Hidrovía es estratégica, ya que permite la salida de más del 80% de las exportaciones agrícolas del país. La modernización de este sistema fluvial es considerada esencial para mantener la competitividad logística, y el proceso licitatorio incluirá el dragado, el mantenimiento del sistema de señalización y el régimen de concesión de obras.
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el eje fluvial más importante del país, con una extensión de 3.442 kilómetros y un tránsito anual superior a los 4.000 buques. Este sistema tiene un impacto directo sobre siete provincias y la economía regional. El juez recordó que, conforme al Decreto 699/2024, la operación y mantenimiento de estas vías navegables fueron declaradas servicio público nacional.
