Según el especialista, el avance hacia esta tipificación es una realidad inminente que busca dar una respuesta penal efectiva ante los daños ambientales recurrentes, como los incendios forestales en la Patagonia.
Actualmente, el país sufre una marcada dispersión normativa y la ausencia del ecocidio como delito específico. Debido a esto, los incendios intencionales suelen juzgarse como delitos comunes de incendio, donde la ley protege la seguridad pública y no el ambiente, resultando en penas bajas de hasta tres años en suspenso que no conllevan prisión efectiva.
La figura propuesta internacionalmente para el ecocidio exige que el daño sea grave, extenso o duradero, además de contar con intencionalidad. Gorini sostiene que la justicia no puede "mirar para otro lado" y debe utilizar el derecho penal como la herramienta más fuerte del Estado para disuadir la destrucción de los ecosistemas.
En el actual proyecto de reforma del Código Penal, el artículo 444 ya contempla penas mínimas de cinco años de prisión para daños ambientales que impidan la regeneración natural. Aunque no utiliza expresamente el término ecocidio, este cambio legislativo permitiría castigar con mayor severidad tanto a particulares como a funcionarios públicos negligentes o cómplices.
Este reclamo cuenta con un fuerte respaldo ético, incluyendo la influencia del papa Francisco, quien postuló la necesidad de proteger el ambiente contra el "pecado ecológico". Para los especialistas, tipificar estos delitos es un paso ineludible para garantizar la tutela de un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución.
