El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (TOCF 2) dispuso que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria la condena de seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta. La decisión, firmada el 17 de junio de 2025 por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se fundamentó en su edad, el intento de homicidio que sufrió en 2022, y la imposibilidad de garantizar su seguridad en una cárcel sin "prácticas discordantes" con los estándares constitucionales. La expresidenta fue notificada de manera virtual y no deberá presentarse en Comodoro Py.
Aunque la ley permite la prisión domiciliaria para personas mayores de setenta años, el tribunal aclaró que esta previsión no es automática, sino que requiere una valoración judicial de "razones humanitarias" y la "razonabilidad y tolerancia de la prisionización" en el contexto de cada caso. La defensa, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había argumentado que la exmandataria superaba los 70 años, había sido víctima de un magnicidio y su ingreso a prisión implicaría un aislamiento incompatible con los estándares constitucionales.
El punto crucial para el tribunal fue la seguridad personal de Cristina Kirchner, diferenciándose así de la oposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes no veían razones humanitarias justificadas. Los jueces señalaron que asegurar la vida e integridad física de la condenada se volvería "complejo en una situación de encierro carcelario" en convivencia con otros internos, y que un "aislamiento indefinido" no es compatible con los fines de la pena. Por ello, concluyeron que la domiciliaria es la "única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales".
Bajo esta modalidad, Cristina Kirchner deberá permanecer en su departamento de la calle San José 1111, piso segundo, departamento “d” en Monserrat, donde reside sola desde 2022 tras mudarse por el atentado. El tribunal estableció que solo podrá quebrantar la permanencia por "situaciones excepcionales de fuerza mayor" justificadas. Además, deberá presentar en 48 horas una nómina de su grupo familiar, custodia policial, médicos y abogados, y abstenerse de perturbar la tranquilidad vecinal. Se ordenó la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico, a pesar de la oposición de la defensa.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas condiciones, debiendo informar al tribunal de manera trimestral. Esta decisión marca un precedente significativo en el cumplimiento de penas de alto perfil en Argentina, balanceando la ejecución de la condena con consideraciones humanitarias y de seguridad personal en un contexto judicial complejo.
