Ante la jueza Mariana Benítez, la imputada admitió haber atendido y recetado paracetamol cada 8 horas a Lorenzo Blanco, un paciente que llegó a la guardia con síntomas de infarto y falleció poco después de ser enviado a su casa. Esta declaración fue calificada por la querella como una estrategia que "intenta ofender la inteligencia" debido a lo inverosímil del relato sobre la atención médica brindada.
La acusada enfrenta cargos gravísimos por usurpación de título y homicidio agravado con dolo eventual. La fiscalía subrayó que si el paciente hubiera sido tratado por un profesional médico real, el desenlace podría haber sido distinto. Actualmente, sobre Ojeda pesan tres prisiones preventivas que incluyen, además del caso Blanco, la muerte de Germán Luque y un expediente por un menor que sufrió la amputación de una pierna tras su intervención.
El abogado querellante, Daniel Acosta, rechazó tajantemente el pedido de libertad o prisión domiciliaria solicitado por la defensa, argumentando que existe un claro riesgo de fuga. Como prueba de ello, recordó que la mujer ya intentó huir hacia Buenos Aires cuando un colega descubrió que su matrícula no coincidía con su nombre y comenzó a ser cuestionada públicamente. Para la querella, las declaraciones de la acusada solo confirman la precariedad y el peligro de su accionar ilegal.
La dimensión del escándalo es masiva, ya que se estima que la falsa profesional habría atendido a más de 1.200 pacientes durante su paso por el sistema de salud. La investigación continúa incorporando pruebas diariamente y ya ha derivado en la imputación de dos exdirectivos del Hospital de Quitilipi, quienes deberán prestar declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en permitir que Ojeda ejerciera sin la titulación correspondiente.
Mientras la jueza Benítez define en los próximos días si mantiene la prisión preventiva, la querella se mostró convencida de que aparecerán más víctimas a medida que avance el proceso. Acosta desmintió que la causa esté paralizada y aseguró que se trata de una investigación de gran escala que ha alterado el funcionamiento habitual de la fiscalía debido a la cantidad de damnificados que podrían presentarse.
