El máximo tribunal penal del país determinó que el caso debe salir del fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que este no tiene competencia legal para investigar delitos de lavado de dinero.
La pesquisa se centra en una propiedad valuada en 17 millones de dólares que habría sido comprada por supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los principales implicados son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes figuran como dueños de la sociedad "Real Central" a pesar de no contar con ingresos que justifiquen una inversión de tal magnitud.
El vínculo con la cúpula de la AFA se fortaleció tras un allanamiento en el que se encontraron objetos pertenecientes al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Además de la mansión, el expediente abarca otros bienes de lujo, incluyendo una flota de 54 vehículos de colección y alta gama cuyo valor estimado ronda los 4 millones de dólares.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña destacaron en su fallo de 83 carillas que el lavado de activos es un delito de competencia estrictamente federal. Por ello, ordenaron que el expediente sea remitido "sin dilaciones" al juez Adrián González Charvay para garantizar el principio del juez natural y una correcta administración de justicia.
Esta resolución convalida todo lo actuado hasta el momento y evita que la investigación sufra retrocesos a etapas ya superadas. Con este movimiento, la Justicia busca avanzar rápidamente en el esclarecimiento del origen de los fondos y la posible participación de directivos del fútbol argentino en maniobras de blanqueo de capitales.
