Así lo resolvió la jueza de Garantías de Villa Angela, Yolanda de Gómez Samela. La denuncia fue realizada por A.V.G., una víctima de abuso sexual en la infancia, contra la fiscal de Cámara, Silvana Rinaldis, porque durante el juicio oral no sostuvo la acusación contra su padrastro. Paralelamente, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia debe resolver si anula la sentencia que absolvió al imputado.

La víctima había denunciado a la fiscal de la Cámara en lo Criminal de Villa Angela, Silvana Rinaldis, por incumplir sus deberes de funcionaria pública de no informarla sobre el estado de la causa y por no perseguir ni reprimir delitos al no acusar al imputado a pesar de las pruebas existentes, principalmente su propio testimonio. Y también hizo lo propio con su exabogado Francisco Pajor Flores por presunta estafa y prevaricato de abogado por arrogarse su representación. Más allá de este hecho puntual, es decir, que el Poder Judicial considera que la funcionaria del Ministerio Público Fiscal no incumplió con su deber de acusar al imputado, aún queda pendiente de resolver la cuestión de fondo: que la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia haga lugar al pedido del querellante Paulo Pereyra, anule la sentencia absolutoria y ordene dictar un nuevo fallo en donde se respeten los derechos de la víctima.

En mayo pasado, la Cámara Tercera en lo Criminal de Villa Angela absolvió a un acusado por el abuso sexual reiterado de su hijastra en la infancia. Pero no fue tras evaluar la acusación y los pedidos de pena de la Fiscalía de Cámara y de la parte querellante, simplemente porque éstos planteos nunca existieron. Es que la fiscal de Cámara, Silvina Rinaldis, y el abogado que supuestamente representaba a la víctima, Francisco Pajor Flores, no sólo omitieron pedir una pena para el imputado sino que además pidieron su absolución, por lo que el Tribunal se encontró impedido legalmente de dictar una sentencia condenatoria.