¿La billetera educa? Chaco busca frenar el bullying con multas a padres y colegios

Tras el impactante caso de Fernanda Almada, la adolescente que se quitó la vida por el acoso escolar, la Legislatura chaqueña parece haber descubierto que los protocolos actuales tienen "limitaciones".
27 de marzo 2026, 19:10hs

Ahora, dos proyectos de ley proponen una solución que, ante la falta de empatía, apunta directamente al bolsillo de los responsables.

La iniciativa de la diputada Maida With introduce el "Régimen de Corresponsabilidad Parental", una forma elegante de decir que, si un hijo es un acosador recurrente, los padres deberán hacerse cargo legalmente. El proyecto establece que las familias tienen el "deber" de colaborar con la escuela, algo que, en teoría, debería ser natural pero que ahora será por ley.

Lo irónico del sistema es su escala progresiva: si los consejos no bastan, los padres serán enviados a talleres de parentalidad o a realizar trabajos comunitarios. Si aun así el comportamiento no cambia, el último recurso de la pedagogía moderna será una multa económica graduada según la capacidad del grupo familiar.

Por otro lado, el proyecto de la diputada Elda Insaurralde pone la lupa sobre las instituciones educativas, exigiéndoles que dejen de mirar hacia otro lado. Las escuelas tendrán apenas 24 horas para atender una denuncia y 48 horas para informar a las familias, terminando con los tiempos eternos de la burocracia escolar.

Para asegurar que los directivos no olviden sus nuevas obligaciones, el régimen prevé sanciones que van desde el apercibimiento público hasta la inhabilitación del equipo directivo por un año. Parece que la gestión del clima escolar ahora tendrá una motivación adicional para ser eficiente.

En el caso de los colegios privados, la desidia tendrá un precio cotizado en el surtidor: las multas se medirán en Unidades Fijas equivalentes al litro de nafta súper. El incumplimiento reiterado podría costar hasta 5.000 litros de combustible, una cifra que seguramente agilizará la aplicación de cualquier protocolo.

En definitiva, Chaco busca pasar de los "acuerdos de convivencia" a un sistema de sanciones administrativas y contravencionales. El objetivo es digno de urgencia: garantizar entornos seguros para que ningún otro estudiante sufra, aunque para lograrlo haya que recordar que la responsabilidad, si no nace del respeto, dolerá en la cuenta bancaria.

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