El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras el reclamo previo de la Inspección General de Justicia (IGJ) por información contable y administrativa que la AFA no había entregado sobre el ejercicio 2025 y la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA, con facultad de presentar informes parciales ante situaciones urgentes y un informe final al concluir la auditoría.
Entre los puntos clave que deberán analizar se encuentran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de impuestos y contribuciones previsionales, la documentación de la UNAFA y las relaciones comerciales con empresas y personas bajo observación, incluyendo TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
La resolución se sustenta en objeciones previas de la IGJ sobre la falta de entrega de información y sobre el intento de la AFA de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, considerado “ficticio” por el organismo, mientras que la entidad encabezada por Tapia rechazó la medida, la calificó como “veeduría ilegítima”, negó irregularidades y anticipó acciones judiciales.
Aunque la veeduría no altera el funcionamiento diario de la AFA, inicia una etapa de auditoría formal que podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino.
