La fiscal Graciela Griffith Barreto solicitó este viernes la elevación a juicio de la causa IAFEP, que complica al exfuncionario Mauro Andión, expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Andión, quien se encuentra detenido, está acusado por fraude contra la administración pública y por la violación de deberes de funcionarios públicos, así como por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos durante la gestión anterior.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en pagos millonarios a cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles, destinados a la construcción de soluciones habitacionales en diversas localidades de la provincia, autorizados por Andión a través del Plan Incentivar Trabajo. El requerimiento fiscal detalla que muchas de estas obras no se habrían concretado o tuvieron un bajo porcentaje de realización. Se acusa a Andión y a la exfuncionaria María Laura Moreno de firmar expedientes con diversas irregularidades y de certificar pagos parciales de proyectos con avances de apenas entre el 10% y el 17%.
Entre las fundaciones investigadas, Fundación Posibilidad recibió $141.840.000, con anticipos significativos para módulos habitacionales y un galpón sin contrato ni sitio de construcción especificado. Los expedientes de varias de estas obras quedaron incompletos o los pagos se realizaron a pesar de la falta de documentación. Por su parte, la Fundación Sumar obtuvo $53.897.199, con avances de obras entre el 10% y el 30% para módulos habitacionales. Además, se investigan pagos de materiales por $39.897.199,75 sin el cumplimiento de inspecciones ni la documentación adecuada.
Otras entidades también muestran un patrón similar de irregularidades. La Cooperativa de Trabajo Tierra Fértil recibió anticipos por $11.649.199 para tres módulos habitacionales, de los cuales solo uno fue terminado, a pesar de que la valoración total era de $7.800.000. Asimismo, la Fundación Los Sueños se Cumplen registró $36.281.532 en anticipos de un total de $40.000.000, pero no se constató el avance de las obras en varios módulos. Incluso se detectó la compra de herramientas por $588.794,80 sin remito ni rendiciones de cuenta.
La solicitud de elevación a juicio subraya la gravedad de las acusaciones contra Mauro Andión, evidenciando un posible esquema de desvío de fondos públicos destinados a proyectos de gran impacto social como las soluciones habitacionales. El proceso judicial ahora avanzará para determinar las responsabilidades en este complejo caso que genera gran repercusión en la provincia.
