Las autoridades nacionales decidieron intervenir el puerto de Ushuaia luego de recibir denuncias internas y constatar graves irregularidades en su funcionamiento. En diálogo con Mitre Resistencia, el director ejecutivo de la Agencia de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, explicó el origen de la medida: “La denuncia se origina de los mismos trabajadores del puerto e incluso también de ciertos usuarios, que el año pasado nos denunciaron que estaba habiendo desvío de fondos”.
Al profundizar sobre el eje central de la investigación, Arreseygor explicó el marco normativo que rige a los puertos públicos y la gravedad de lo detectado: “La plata que se percibe tiene que ser invertida, reinvertida en el puerto, no la podés usar para otra cosa, y lo que se nos denunció es que esa plata se estaba usando para cubrir gastos de la provincia, déficit en distintas áreas”.
Tras la inspección realizada por el organismo nacional, el funcionario describió el estado crítico de la infraestructura y la disyuntiva que enfrentaron las autoridades: “Nos encontramos con un puerto que no cumplía las condiciones de seguridad mínima para seguir habilitado, entonces la opción era cerrar uno de los principales puertos de la Argentina o intervenirlo”.
En relación con el impacto económico del desmanejo, Arreseygor precisó los números detectados durante el relevamiento y remarcó la falta de inversión en obras esenciales, al detallar que: “Detectamos transferencias del puerto a la provincia que representan un 30% de los ingresos de un año, mientras que menos del 2% se estaba destinando a las obras necesarias”.
Finalmente, explicó el carácter temporal de la intervención y los pasos a seguir para normalizar la situación operativa y administrativa, al sostener que: “Tomamos esta medida por un año para encontrar una solución, arreglar los problemas de habilitación y, a medida que la provincia demuestre que no va a seguir desviando los fondos, devolver el puerto”.
