La Justicia chaqueña dio un paso firme en una resonante causa de corrupción, al confirmar el procesamiento sin prisión preventiva del intendente de Taco Pozo, Carlos "Chivo" Ibáñez. Esta decisión, dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, rechaza el recurso de apelación de la defensa y ratifica las imputaciones contra el jefe comunal y su entorno por un presunto fraude en la gestión de pensiones para personas con discapacidad, conocidas popularmente como "pensiones truchas".
El documento judicial no solo menciona el procesamiento del intendente, sino también el de su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, y otras siete personas más, por integrar una supuesta "organización delictiva". La resolución describe una "plataforma de corrupción sistemática" que evidencia una "confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado".
Las acusaciones contra el intendente Ibáñez, quien lleva más de 20 años en el poder, son graves e incluyen delitos como fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y ser organizador de una asociación ilícita. La investigación señala que se reclutaba a personas que, a cambio de dinero, obtenían beneficios de una Pensión No Contributiva (PNC), figurando en una lista manejada por la Municipalidad y debiendo apoyar la gestión del intendente.
La investigación de este caso se inició en 2023 por la Fiscalía Federal de Sáenz Peña. Las averiguaciones comenzaron con el cruce de datos con la Administración Nacional de la Discapacidad (ANDIS), lo que reveló una serie de irregularidades que motivaron la profunda intervención judicial. Es importante destacar que, en la misma resolución, la Cámara revocó el procesamiento de Miguel Ángel Bilinski, director del Hospital de Taco Pozo, por falta de mérito.
Con esta ratificación judicial, el caso de las pensiones falsas avanza hacia una nueva etapa, manteniendo el foco en la presunta red de corrupción que habría operado en el municipio de Taco Pozo. La confirmación del procesamiento del intendente y su entorno subraya el compromiso de la Justicia con la transparencia pública y la lucha contra el fraude en la administración del Estado.
