En una entrevista con Radio Facundo Quiroga, el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá confirmó que más de 4 mil usuarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) se unieron en una demanda colectiva contra la empresa por los exorbitantes aumentos en las tarifas de luz. La acción judicial busca retrotraer los incrementos aplicados desde enero, cuando comenzaron a facturarse las nuevas tarifas aprobadas por el gobernador Gustavo Valdés. "No solo trasladaron los aumentos nacionales, sino que también agregaron incrementos desmedidos a nivel local", denunció.
Las facturas han alcanzado cifras impagables para muchas familias, con montos que van desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos mensuales, algo imposible de afrontar para gran parte de la población. "El propio gobierno salió a desmentir estos valores, pero la realidad es que hay personas que deben pagar hasta un millón de pesos bimestrales", señaló el abogado. Además, destacó que los incrementos se aplicaron sin audiencias públicas en ciudades grandes, realizándose en localidades pequeñas para evitar la participación masiva de los ciudadanos.
Podestá también denunció que la DPEC corta el suministro con rapidez extrema, dejando a miles de personas sin luz en cuestión de días tras el vencimiento de una factura. "No se da margen para regularizar la situación, y muchos correntinos han tenido que recurrir a préstamos bancarios solo para poder pagar la luz", expresó. Además, cuestionó la administración de la empresa, que lleva 25 años bajo intervención y es considerada una de las distribuidoras de energía más endeudadas del país.
El reclamo tiene un fuerte componente político, ya que el abogado sostiene que la recaudación extraordinaria de la DPEC podría estar siendo utilizada con fines electorales. "El correntino siente que le están sacando la plata del bolsillo para financiar campañas políticas, en lugar de mejorar el servicio", criticó. A esto se suma el deterioro de la infraestructura eléctrica, con transformadores obsoletos y constantes fallas que generan cortes e incluso incendios en medidores.
A pesar de las dificultades, el equipo de abogados y voluntarios logró reunir la documentación de más de 40 localidades correntinas para presentar la demanda antes del 15 de febrero. "El principio de gratuidad protege a los usuarios que se suman, y confiamos en que la justicia pueda actuar con celeridad", expresó Podestá. Además, adelantó que solicitarán medidas cautelares para evitar cortes de luz mientras avanza el proceso judicial.
