Los gobernadores de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego mantuvieron una reunión virtual este sábado por la tarde tras la pelea iniciada este viernes contra el presidente Javier Milei. En el marco del encuentro, analizaron suspender la producción de petróleo a partir de esta próxima semana.
“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, expresó Torres en su carta hacia el gobierno nacional, que recibió el apoyo de todos los gobernadores, includo Axel Kicillof, con excepción de Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
El contragolpe de los gobernadores implicará una judicialización masiva de los recortes de fondos ordenados por el ministro de Economía, Luis Caputo. Fuentes de provincias advirtieron que las denuncias estarían dirigidas incluso contra funcionarios y el presidente.
A las pocas horas la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que aclaró que esos fondos que reclama Torres corresponden a “una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. En ese sentido, explicaron que el cobro de dicha deuda “se realiza por descuento directo de la coparticipación”.
Luego de insistir en que los gobernadores deberán reducir el gasto público “como está haciendo el Gobierno nacional”, la Casa Rosada lamentó que el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, haya lanzado “una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”.
“Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la desafiante respuesta del Gobierno.
