El abogado y catedrático Manuel García Mansilla presentó este mediodía su renuncia indeclinable como juez de la Corte Suprema, a tan solo 40 días de haber asumido. La decisión se produjo tras una creciente crisis política e institucional, marcada por el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar judicial que le impedía ejercer funciones.
García Mansilla había sido designado por el presidente Javier Milei a través del decreto 137/25, el 25 de febrero, junto al juez Ariel Lijo, quien aún no asumió. Pero el viernes pasado, el Senado rechazó por amplia mayoría ambas designaciones, lo que intensificó las presiones sobre el flamante juez. A eso se sumó la cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien le prohibió firmar resoluciones por 90 días. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, argumentó Ramos Padilla, citando el artículo 99 inciso 19 de la Constitución.
Desde el Gobierno, sin embargo, defendieron el nombramiento. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que no había obligación constitucional para que García Mansilla renunciara. Incluso el Ejecutivo presentó un recurso de "per saltum" ante la propia Corte, aunque sin eco favorable de los otros tres ministros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
En medio del escándalo, Lorenzetti se diferenció del Gobierno: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en una entrevista radial. Y remarcó que la Corte sigue funcionando con normalidad pese a la vacante: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos”.
La salida de García Mansilla deja a la Corte nuevamente con tres miembros y reabre el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo en las designaciones “en comisión”. Además, deja al descubierto la fragilidad política del oficialismo en el Congreso y la resistencia del Poder Judicial a los atajos institucionales.
