Fujimori por fin será llevado a juicio por esterilizar a la fuerza a casi 350.000 mujeres aborígenes

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Después de décadas de impunidad, la Justicia peruana estableció para el 1° de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas, uno de los episodios más oscuros de una Presidencia (1990-2000) marcada por las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo. Aparte de Fujimori, deberán comparecer los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

Todos ellos se encuentran acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a aplicarse procesos de esterilización por medio de un plan del Gobierno para disminurir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.

Bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar se aplicaron más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías, por los datos confirmados de la Defensoría del Pueblo peruano.

La mayoría de los hombres y mujeres que fueron el objetivo del programa eran de origen humilde, hablantes del quechua y firmaron un consentimiento escrito en español que no sabían leer.

Una de ellas fue Josefina Quispe. Tenía 33 años y 5 hijos cuando fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento.

Cuando despertó de la anestesia estaba tumbada en una camilla del hospital y sin entender por qué le dolía todo el cuerpo comenzó a preguntar qué le habían hecho y por qué tenía una cicatriz en su abdomen, pero nadie le respondió. Su caso es parecido al de otras cientos de miles de mujeres indígenas peruanas, como Victoria Vigo.

“Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico. Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia”, fue el testimonio de Vigo. Su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después.

“Había un médico tratando de consolarme diciendo: ‘No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'”, pero otro médico le respondió: “No puede tener más hijos. La hemos esterilizado”.

“Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso”, aseguró Vigo, quien un año después de haber sido esterilizada empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, tras años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares.

Fue la única que recibió una compensación y ella está convencida de que lo consiguió porque, a diferencia de la mayoría de las personas esterilizadas en contra de su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.