Con 291 votos a favor y 241 en contra, el texto superó su lectura definitiva en la Cámara baja, concluyendo un proceso legislativo de más de un año. Esta decisión posiciona a Francia entre los países que regulan la muerte asistida, junto a naciones como Bélgica, Países Bajos y Uruguay.
El derecho a la ayuda médica para morir se otorgará bajo condiciones estrictas solo a mayores de edad con nacionalidad francesa o residencia legal. Los solicitantes deberán padecer una enfermedad grave, incurable y en fase terminal que cause un sufrimiento físico o psicológico insoportable. Asimismo, la persona deberá manifestar su voluntad de forma libre, informada y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales.
El protocolo exige una solicitud por escrito ante un médico, quien deberá responder en un máximo de 15 días tras consultar con otros colegas. Tras la aprobación, el paciente dispone de un periodo de reflexión de al menos dos días antes de confirmar su decisión final. La ley permite que un médico o enfermero administre la medicación si el paciente no tiene la capacidad física para hacerlo por sí mismo.
La normativa fue una iniciativa del presidente Emmanuel Macron, quien la considera uno de los avances sociales más importantes de su segundo mandato. Aunque se contempla la objeción de conciencia para el personal sanitario, estos tienen la obligación de derivar al paciente a otro profesional dispuesto a realizar el procedimiento. No obstante, la Iglesia católica francesa rechazó la medida al considerarla una ruptura grave en la historia del país.
Antes de su implementación definitiva, la ley será revisada por el Consejo Constitucional para evaluar aspectos como el plazo de reflexión y la cláusula de conciencia. El presidente del Senado, Gérard Larcher, también anunció su intención de recurrir ante este organismo para cuestionar el texto aprobado. El Gobierno confía en que esta revisión garantice que la norma respete plenamente los principios de libertad personal y dignidad humana.
