La Cámara Primera en lo Criminal fijó las fechas para el juicio oral contra el comisario Daniel Augusto Melchiori y otros cuatro efectivos policiales de la provincia de Chaco. Este proceso judicial busca esclarecer los graves acontecimientos de violencia institucional ocurridos el 17 de agosto de 2025 en la localidad de Taco Pozo.
La causa penal se inició a partir de una denuncia presentada por Viviana del Valle Yzaguirre, responsable de la fundación Todo por Todos. Las víctimas de las agresiones y detenciones ilegales fueron un grupo de médicos solidarios provenientes de la provincia de Córdoba, quienes se encontraban en el norte chaqueño realizando un operativo de asistencia sanitaria.
Según la acusación fiscal, la mañana de los incidentes, Melchiori (entonces jefe de la Comisaría de Taco Pozo) interceptó con su vehículo particular una camioneta conducida por Exequiel Roque Margonari, integrante del operativo sanitario. El comisario intentó quitarle las llaves, lo golpeó en el cuerpo y el rostro, y volvió a agredirlo minutos después en presencia de los policías Mario Alberto Argañaraz, Juan Pablo Vizgarra, Ramón Esteban Rojas y Nadia Verónica Serrano, quienes no intervinieron para detenerlo. Posteriormente, ordenó la detención de la médica María Candelaria García Nebbia sin motivo legal, y asentó en un informe una comunicación inexistente con la jueza de Paz local para intentar justificar las actas contravencionales.
La fiscal adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Silvia Slusar, requirió la elevación a juicio calificando los hechos como apremios ilegales agravados por violencia en dos hechos, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica, todo en concurso real, para Melchiori como autor. En tanto, los otros cuatro uniformados que presenciaron las agresiones comparecerán bajo la acusación de encubrimiento agravado por tratarse de funcionarios públicos, a título de coautores.
De acuerdo con el Código Penal, las escalas previstas habilitan para el comisario Melchiori una pena abstracta de entre 2 y 17 años de prisión o reclusión, más inhabilitación especial. Para los demás imputados, el encubrimiento agravado prevé una escala de 1 a 6 años de prisión. No obstante, al tratarse de marcos legales máximos posibles, la pena concreta dependerá de la valoración judicial que se realice durante el debate oral.
