La Justicia correntina dictaminó en contra de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), ordenando la refacturación de tarifas desde 2019 para un grupo de vecinos que denunciaron aumentos desproporcionados. Este fallo, logrado gracias a la demanda impulsada por vecinos de los barrios Popular e Industrial de Corrientes, sienta un precedente clave para otras causas similares. Ahora, más de 4 mil correntinos que presentaron un reclamo colectivo esperan que la justicia adopte el mismo criterio y les reconozca el derecho a pagar tarifas justas.
En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien asesora a estos 4 mil usuarios en la demanda colectiva, destacó la importancia del fallo. “Esta resolución es un gran antecedente porque demuestra que la Justicia reconoce el abuso tarifario. Ahora, nuestra demanda por más de 4 mil correntinos tiene aún más fundamentos”, señaló. La sentencia obliga a la DPEC a refacturar las boletas emitidas con montos erróneos, generando saldos a favor para los damnificados.
El abogado remarcó que esta decisión confirma la ilegalidad de los aumentos y la responsabilidad de la provincia en la crisis tarifaria. “Las provincias no pueden mirar para otro lado. Este fallo le dice al gobernador que no puede escudarse en que es un problema nacional cuando maneja el 60% de la tarifa”, explicó, en referencia a las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés, quien atribuyó los incrementos a la quita de subsidios del gobierno nacional.
La demanda colectiva encabezada por Cubilla Podestá ya cuenta con más de 4500 personas adheridas y otras 2 mil en lista de espera. “Es una acción de clase sin precedentes en la provincia. La justicia debe resolver si permite sumar más afectados”, indicó. La presentación judicial incluye más de ocho cajas de documentación y 370 páginas de argumentos basados en fallos de la Corte Suprema sobre la confiscatoriedad de tarifas. Este viernes se reunirá con la Secretaría de la Cámara donde fue presentada la causa para continuar con el proceso.
El caso de Corrientes resuena en otras provincias, como Chaco, donde abogados y vecinos también organizan reclamos similares contra las empresas de energía. “La gente tiene que elegir entre pagar la luz o comer. Esto es un atropello a los ciudadanos”, concluyó el abogado.
