Este miércoles se llevó a cabo una nueva manifestación en la vereda de los juzgados de Familia de Resistencia, en defensa de los derechos vulnerados de los niños.
Ante esto, Alejandro Segovia, miembro de Infancia Compartida, compartió en Radio Facundo Quiroga su inquietud ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades: "No vemos que se preocupen por tratar de solucionar esta problemática que venimos haciendo visible ya hace más de dos años". Además, destacó la falta de voluntad desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ): "Te dicen que están trabajando, pero no vemos los resultados. Tampoco vemos voluntad, porque me han contestado de que no tienen dinero para solucionar, ellos lo ven desde lo económico y nosotros lo vemos desde lo sentimental".
A su vez, confirmó que tanto la ONG como el Colegio de Abogados, quienes estuvieron presentes en la marcha, han presentado propuestas conjuntas, pero estas no han recibido una respuesta favorable del STJ, por lo que lamentó que "cada vez veamos a más padres y madres en las manifestaciones".
Segovia afirmó que una de las propuestas era crear una mesa interdisciplinaria para abordar los problemas, pero hasta ahora aún no se ha abierto: ‘‘Esto ha llevado a la conclusión de que no hay voluntad real de trabajar en conjunto y encontrar una solución a esta problemática que afecta a muchas familias’’, expresó.
También, destacó la sobrecarga del sistema judicial, con más de 250 casos que ingresan al juzgado de familia cada día. ‘‘Los cuatro juzgados enfrentan una abrumadora cantidad de más de 1000 casos por semana y alrededor de 5000 por mes. Esta situación plantea un riesgo significativo para el sistema judicial’’, enfatizó.
Finalmente, Segovia se preguntó qué están esperando las autoridades para tomar medidas y anunció que se comunicarán con Ramón Dupuy el próximo lunes para defender el proyecto de Ley de Obstructores primero en comisión y de ahí llevarlo a diputados. Así, la lucha de Infancia Compartida continúa en busca de una solución a esta problemática que afecta a los niños y sus derechos en la región: ‘‘No son bienes o cosas materiales, son niños de por medio y se vulneran sus derechos. Es una inacción que no entiendo’’, cerró.
