Escándalo en Taco Pozo: médicos de Córdoba lograron habeas corpus colectivo contra comisario Melchiori

28 de agosto 2025, 18:14hs

La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña confirmó las audiencias clave para el habeas corpus colectivo presentado por la Fundación de Médicos de Córdoba "Todo por Todos". Esta acción legal surge tras denuncias de apremios ilegales sufridos por parte del comisario de Taco Pozo, Daniel Melchiori, durante una misión comunitaria de más de cincuenta profesionales de la salud en esa localidad hace tres semanas, el 17 de agosto.

Según la denuncia, los médicos fueron víctimas de abusos de autoridad, con el punto más grave siendo la detención de una profesional durante varias horas sin orden judicial. La fundación, patrocinada por las abogadas Fiorella y Adriana De Langhe, presentó el recurso ante el juez Rodolfo Lineras, quien fijó las audiencias para los días 2, 3 y 4 de septiembre. Es importante destacar que el comisario Melchiori ya acumula más de una decena de denuncias en su contra.

Entre los testigos citados para dar testimonio sobre los hechos se encuentran figuras prominentes como el fiscal de investigaciones penales de Sáenz Peña, Marcelo Soto; la jueza de Faltas de Taco Pozo, Silvia Arias; y el ministro de Seguridad de Córdoba. El juez Lineras dio curso a esta medida cautelar, y el objetivo principal de estas audiencias es garantizar la seguridad de los médicos en caso de que decidan retomar sus operativos sanitarios en la localidad.

Las repercusiones de este caso no se hicieron esperar. Tras la difusión de videos del operativo policial que mostraban empujones y la detención de la médica, la Jefatura de Policía decidió apartar de su cargo al comisario Melchiori e intervenir la comisaría de Taco Pozo. Estas acciones buscan clarificar lo sucedido y asegurar una investigación transparente sobre el incidente.

En paralelo a la acción judicial, la Fiscalía de Derechos Humanos, bajo la dirección de la doctora Silvia Slusar, abrió una investigación propia. Esta pesquisa se centra en la presunta detención arbitraria, abuso de autoridad y mal desempeño de los deberes de funcionario público por parte de los involucrados. Este caso subraya la importancia de la supervisión de las fuerzas de seguridad y la defensa de los derechos ciudadanos.

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